El (in)accionar policial sigue produciendo muertes en los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad. La política de seguridad de la provincia no
parece mostrar cambios que transformen esa realidad.
El 3 de febrero se cumplió otro año
de los asesinatos de José León Suárez. Aquél día de 2011 Mauricio Ramos y
Franco Almirón se convirtieron en nuevas banderas, símbolos a ser levantados en
defensa de todos los pibes de las barriadas más pobres.
Se detuvieron en su juventud,
dejaron de crecer, de soñar, de caminar el barrio. Se convirtieron en
estandartes sin desearlo, víctimas de una sociedad que los estigmatiza y de un
aparato policial que actúa con total impunidad.
El 3 de febrero de 2011 un tren de carga de la
ex TBA (Trenes de Buenos Aires) descarriló pasando la estación de Suárez,
frente al barrio La Cárcova. El
tren descarriló como tantos otros lo han hecho, porque el servicio de la
empresa era en extremo deficiente. Hoy en día, los trenes que estaban en manos
del Estado volvieron a ser privatizados y la situación no ha cambiado en su
raíz: sólo algo de maquillaje para que los vagones se vean como “nuevos”. El
tren descarriló por las fallas del sistema ferrioviario, pero el ministro de
seguridad, en su momento Ricardo Casal, denunció un sabotaje por parte de una
banda del barrio, a quienes endilgó a su vez portación y uso de armas de fuego.
Rápidamente todos los medios de comunicación masivos difundieron esa versión
sumando confusión y estigmatización de sectores sociales que suelen ser el
blanco fácil. No fue difícil dar por tierra con esa teoría esgrimida por Casal
teniendo en cuenta que los únicos muertos eran pibes del barrio, que los tiros
los habían recibido por la espalda y que los únicos casquillos eran de las
armas de la policía. Pero la voz ya había corrido. Un poco tarde para desandar
el estereotipo de “los peligrosos pibes con gorrita de barriadas pobres”.
La policía reprimió. Con balas de plomo
reprimió. ¿Reprimió? No: inició una cacería descarada para defender a una
empresa.
Se torna doblemente violenta la cacería: por
los hechos en sí, que dejan dos pibes muertos y uno muy herido, y por la
estigmatización posterior de quienes han sido asesinados. No se puede esperar
menos en el afán de lavarle la cara a una institución como la policial en
general y a la comisaría 4ª de José León Suárez en particular. Menos se puede
esperar de un personaje como Casal, sospechado de crímenes de lesa humanidad
durante la última dictadura cívico-militar y responsable de los tratos
inhumanos a los internos de las distintas cárceles bajo su órbita.
La comisaría 4ª (lo denuncia todo el barrio,
lo sabe todo el barrio) opera en
connivencia con las bandas de narcotraficantes en José León Suárez. En 2013 una
piba, Yvonne, y un pibe, Enzo, murieron a manos de las bandas armadas que
cuentan con el aval de la comisaría para actuar sin miramientos.
¿La policía? No es sólo un sector corrupto
atrincherado en esa comisaría. Recordemos nada más (y nada menos), para tomar
hechos recientes y de amplio conocimiento, el tendal de muertos y damnificados
que dejaron las “protestas” de la policía en búsqueda de aumentos salariales. El
caos, la paranoia social. ¿Dónde queda el “servicio” prestado a la comunidad? Aquellas
“protestas” (es una palabra que le queda demasiado grande a un hecho que
constituye más bien un ataque planificado a la sociedad que una protesta
social) descubrieron a los mismos policías participando de los saqueos
organizados para enfrentar pobres contra pobres.
Lejos está de cambiar la situación
en el barrio. La política de seguridad del nuevo ministro, Alejandro Granados,
quien se lamenta de no haber podido matar a los delincuentes que entraron a su
casa en 1999, busca instalar más policías en las calles: parece más de lo mismo.
Sobre todo, teniendo en cuenta que es la misma policía la que obliga a los
pibes pobres bajo amenaza de muerte a robar para ellos: Luciano Arruga es el
ejemplo más triste de esto que pasa y muchos saben.
Por otro lado, ya a 3 años de las
muertes de Mauricio y Franco, las muertes de Yvonne y Enzo parecen confirmar
tristemente que nada nuevo bajo el sol nos espera en relación a la comisaría 4ª
hasta tanto la movilización popular continúe presionando, como lo viene
haciendo, para que esa comisaría sea finalmente depurada. Recién ahí podremos
conmemorar sin cinismo el día contra la violencia institucional.
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